"Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes."
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 19.
En este momento (18 de Febrero de 2007, 17:26 CET), cuatro ciudadanos de Guinea Conakry están en una nave en Mauritania a la espera de que España decida si les concede asilo. La situación en Guinea Conakry es preocupante (sobre todo para sus habitantes, claro está), en estado de excepción y al borde de una guerra civil. Teniendo en cuenta estos factores, no debería haber dudas sobre el destino de los cuatro guineanos.
Pero la Carta de los Derechos Fundamentales tiene una omisión básica: en ningún lugar especifica quién decide cuándo un riesgo es "grave", ni el momento en el que una pena o trato se convierte en "inhumano" o "degradante". Así que, en último extremo, no hay ninguna garantía de que dicho artículo vaya a ser aplicado. Sin embargo, es de esperar un cierto número de casos en los que se aplicará necesariamente, más allá de toda consideración subjetiva. Al menos nadie en su sano juicio devolvería a una persona amenazada de muerte a un país en el que unas tropas de ocupación con todos los medios y preparación posibles sufren bajas mensualmente en sus enfrentamientos contra guerrilleros.
Eso debió de pensar Abdullah Tokhi: nadie en su sano juicio. Pero el Sr. Tokhi no había pensado que quien tenía que decidir, el encargado último de determinar el estado real de la situación en su país, era Tony Blair. El mismo Tony Blair que mintió para apoyar una guerra basada en inexistentes armas de destrucción masiva y en no menos fantásticas conexiones de al Qaida con el régimen de Saddam Hussein impone en los estamentos oficiales británicos la doctrina de que la exitosa misión de la OTAN en Afganistán ha conseguido que ese país sea suficientemente libre y democrático. Así que el Sr. Tokhi fue convenientemente devuelto a Afganistán, desestimando su petición de asilo y lo suficientemente rápido como para impedirle recurrir la decisión de David Blunkett, ministro de Interior.
Abdullah Tokhi fue asesinado en el otoño del 2005, al año escaso de su llegada, sin que haya trascendido la probable reacción que su muerte ha causado en la Home Secretary. Por supuesto, ningún cargo del ministerio va a ser juzgado, ni siquiera por imprudencia temeraria con resultado de muerte. Así que, si yo fuera uno de los guineanos que esperan en Mauritania, no me haría demasiadas ilusiones. La Carta de la Unión Europea data del año 2000, antes del 11-S, cuando los derechos de las personas todavía parecían importarle a alguien. Desde entonces, los países europeo y sus aliados (EEUU, Israel, Egipto o Pakistán) han herido de muerte a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional. Han florecido las ejecuciones sin juicio (o con farsas judiciales) en Irak; los secuestros y vuelos de la CIA; las torturas de Abu Ghraib; el muro de la vergüenza, que hoy se reencarna en Ceuta, en el sur de Estados Unidos o en Cisjordania; el espionaje extrajudicial de las comunicaciones; la utilización de armas químicas y bombas de racimo en Fallujah, Gaza y el sur del Líbano; los presos sin nombre, sin rostro y sin cargos del nuevo gulag de Guantánamo ... tantos casos, tan notorios y con responsabilidades tan suavizadas que no se puede pensar que sólo se trata de desgraciados errores, de la inevitable consecuencia del factor humano.
No comments:
Post a Comment