A raíz de la victoria del partido político Hamás en las elecciones legislativas palestinas del 22 de Enero de 2006, y en virtud de los puntos de la fase I de la Hoja de Ruta (R.I.P.), los cuatro mediadores (EEUU, la Unión Europea, Rusia y la ONU, conocidos como "el Cuarteto") en el proceso de paz que debe conducir a una solución para el conflicto Israel-Palestina acordaron congelar la ayuda externa a la Autoridad Palestina. El motivo de tal demostración de respeto a la voluntad popular es que el objetivo declarado que Hamás persigue es ni más ni menos que la destrucción de Israel. De manera que el Cuarteto exigió (y exige) del Gobierno palestino tres condiciones previas para continuar la cooperación: el reconocimiento del derecho de existir de Israel, la renuncia a la violencia y al terrorismo (contra Israel) y el respeto de los acuerdos previamente firmados con Israel.
Ante la negativa de Hamás a asumir tales exigencias, y para encontrar una salida a la situación de bloqueo, al Fatah (el partido del presidente Mahmud Abbas) y Hamás han intentado repetidas veces formar un gobierno de unidad nacional. Hace unos días se completaron negociaciones en La Meca que culminaron con compromisos por ambas partes para intentar poner fin al bloqueo.
Por desgracia, el que debería ser árbitro es también parte muy interesada y declarado aliado de Israel. Así que cuando Condoleezza Rice aún decía que había que esperar para ver los resultados de las negociaciones, parece ser que Bush y Ehud Olmert (Primer Ministro de Israel) ya habían tenido una conversación telefónica al respecto. La afirmación de este último era clara: las posiciones israelí y norteamericana respecto al Gobierno palestino son idénticas. Obviamente, dado que siempre lo han sido. Y como los miembros del Cuarteto siempre han mantenido la misma posición que Estados Unidos (por tanto la de Israel), se supone que no hay más que hablar.
Pues resulta que sí habría que hablar. Las condiciones que Estados Unidos/Israel (a ellos les gusta proclamarse "la comunidad internacional") impone a la formación de un Gobierno palestino son todos los puntos que la Hoja de Ruta exige a los palestinos en relación con Israel (y la Hoja de Ruta no es ni mucho menos simétrica), y ello como condiciones previas para continuar la cooperación. Es de esperar que al menos Israel estará cumpliendo su parte ¿no?
Bueno, podemos decir que casi: sólo hay que exceptuar deportaciones, matanzas de civiles, demolición de casas, destrucción de infraestructuras, presencia del ejército en las zonas ocupadas tras el 28 de Septiembre de 2000 (inicio de la segunda Intifada), expansión de asentamientos y, en resumen, la violación de todos los compromisos fijados en la Hoja de Ruta y los acuerdos posteriores. Compromisos que Israel en realidad no ha cumplido en ningún momento, sin nigún temor por su parte a medidas de presión por parte del Cuarteto, a pesar de que (según parece ahora) el Gobierno palestino de Mahmud Abbas cumplía su parte de una manera aceptable, como lo prueba el apoyo incondicional que recibe por parte de Estado Unidos y sus aliados. Incluso ha pasado desapercibido el hecho de que el atentado de Diciembre de Eilat fue reivindicado por las Brigadas de los Mártires de al Aqsa (vinculados con al Fatah, que condenó el atentado), Jihad Islámica y un grupo desconocido hasta entonces (Ejército de los Creyentes), pero no por Hamás.
Así pues, la situación evolucionó así: antes de que el gobierno de Hamás tome ninguna medida el Cuarteto bloquea las ayudas, incluyendo el presupuesto destinado a Sanidad (lo que constituye un ejemplo paradigmático del "castigo colectivo" que prohíben las Convenciones de Ginebra), Fuerzas de Seguridad (impidiendo por tanto el cumplimiento de las mismas exigencias de la Hoja de Ruta) y los impuestos, retenidos ilegalmente, que Israel recauda en nombre del Gobierno palestino; el Cuarteto apoya sin fisuras la propuesta ---inconstitucional--- de Mahmud Abbas de disolver el Gobierno y convocar nuevas elecciones, y recientemente Israel impidió que Ismail Haniyeh (primer ministro democráticamente elegido en un proceso "extremadamente profesional, en línea con los estándares internacionales, libre, transparente y sin violencia", según Edward McMillan-Scott) entrase en Gaza desde Egipto con 35 millones de dólares.
Finalmente, el miembro más poderoso del Cuarteto que debe arbitrar en el conflicto (y en realidad la única opinión posible de éste) habló con Israel antes de la reunión a tres bandas [1], antes de que se reuniera el propio Cuarteto, e incluso antes de la primera declaración oficial del recién creado gobierno de unidad nacional. Es fácil saber de qué hablaron y, desgraciadamente, también es fácil intuir qué se dijeron.
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[1] Al acabar la reunión con Abbas y Olmert, Condoleezza Rice declaró que "[los tres] coincidimos en que un estado Palestino no puede nacer de la violencia y del terrorismo". Ella, que presume de ser una estudiosa de la Historia, debería explicarnos por qué esa posibilidad sólo se concede al Estado Judío.
Tuesday, February 20, 2007
Monday, February 19, 2007
MENTIRAS QUE MATAN
"Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes."
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 19.
En este momento (18 de Febrero de 2007, 17:26 CET), cuatro ciudadanos de Guinea Conakry están en una nave en Mauritania a la espera de que España decida si les concede asilo. La situación en Guinea Conakry es preocupante (sobre todo para sus habitantes, claro está), en estado de excepción y al borde de una guerra civil. Teniendo en cuenta estos factores, no debería haber dudas sobre el destino de los cuatro guineanos.
Pero la Carta de los Derechos Fundamentales tiene una omisión básica: en ningún lugar especifica quién decide cuándo un riesgo es "grave", ni el momento en el que una pena o trato se convierte en "inhumano" o "degradante". Así que, en último extremo, no hay ninguna garantía de que dicho artículo vaya a ser aplicado. Sin embargo, es de esperar un cierto número de casos en los que se aplicará necesariamente, más allá de toda consideración subjetiva. Al menos nadie en su sano juicio devolvería a una persona amenazada de muerte a un país en el que unas tropas de ocupación con todos los medios y preparación posibles sufren bajas mensualmente en sus enfrentamientos contra guerrilleros.
Eso debió de pensar Abdullah Tokhi: nadie en su sano juicio. Pero el Sr. Tokhi no había pensado que quien tenía que decidir, el encargado último de determinar el estado real de la situación en su país, era Tony Blair. El mismo Tony Blair que mintió para apoyar una guerra basada en inexistentes armas de destrucción masiva y en no menos fantásticas conexiones de al Qaida con el régimen de Saddam Hussein impone en los estamentos oficiales británicos la doctrina de que la exitosa misión de la OTAN en Afganistán ha conseguido que ese país sea suficientemente libre y democrático. Así que el Sr. Tokhi fue convenientemente devuelto a Afganistán, desestimando su petición de asilo y lo suficientemente rápido como para impedirle recurrir la decisión de David Blunkett, ministro de Interior.
Abdullah Tokhi fue asesinado en el otoño del 2005, al año escaso de su llegada, sin que haya trascendido la probable reacción que su muerte ha causado en la Home Secretary. Por supuesto, ningún cargo del ministerio va a ser juzgado, ni siquiera por imprudencia temeraria con resultado de muerte. Así que, si yo fuera uno de los guineanos que esperan en Mauritania, no me haría demasiadas ilusiones. La Carta de la Unión Europea data del año 2000, antes del 11-S, cuando los derechos de las personas todavía parecían importarle a alguien. Desde entonces, los países europeo y sus aliados (EEUU, Israel, Egipto o Pakistán) han herido de muerte a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional. Han florecido las ejecuciones sin juicio (o con farsas judiciales) en Irak; los secuestros y vuelos de la CIA; las torturas de Abu Ghraib; el muro de la vergüenza, que hoy se reencarna en Ceuta, en el sur de Estados Unidos o en Cisjordania; el espionaje extrajudicial de las comunicaciones; la utilización de armas químicas y bombas de racimo en Fallujah, Gaza y el sur del Líbano; los presos sin nombre, sin rostro y sin cargos del nuevo gulag de Guantánamo ... tantos casos, tan notorios y con responsabilidades tan suavizadas que no se puede pensar que sólo se trata de desgraciados errores, de la inevitable consecuencia del factor humano.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 19.
En este momento (18 de Febrero de 2007, 17:26 CET), cuatro ciudadanos de Guinea Conakry están en una nave en Mauritania a la espera de que España decida si les concede asilo. La situación en Guinea Conakry es preocupante (sobre todo para sus habitantes, claro está), en estado de excepción y al borde de una guerra civil. Teniendo en cuenta estos factores, no debería haber dudas sobre el destino de los cuatro guineanos.
Pero la Carta de los Derechos Fundamentales tiene una omisión básica: en ningún lugar especifica quién decide cuándo un riesgo es "grave", ni el momento en el que una pena o trato se convierte en "inhumano" o "degradante". Así que, en último extremo, no hay ninguna garantía de que dicho artículo vaya a ser aplicado. Sin embargo, es de esperar un cierto número de casos en los que se aplicará necesariamente, más allá de toda consideración subjetiva. Al menos nadie en su sano juicio devolvería a una persona amenazada de muerte a un país en el que unas tropas de ocupación con todos los medios y preparación posibles sufren bajas mensualmente en sus enfrentamientos contra guerrilleros.
Eso debió de pensar Abdullah Tokhi: nadie en su sano juicio. Pero el Sr. Tokhi no había pensado que quien tenía que decidir, el encargado último de determinar el estado real de la situación en su país, era Tony Blair. El mismo Tony Blair que mintió para apoyar una guerra basada en inexistentes armas de destrucción masiva y en no menos fantásticas conexiones de al Qaida con el régimen de Saddam Hussein impone en los estamentos oficiales británicos la doctrina de que la exitosa misión de la OTAN en Afganistán ha conseguido que ese país sea suficientemente libre y democrático. Así que el Sr. Tokhi fue convenientemente devuelto a Afganistán, desestimando su petición de asilo y lo suficientemente rápido como para impedirle recurrir la decisión de David Blunkett, ministro de Interior.
Abdullah Tokhi fue asesinado en el otoño del 2005, al año escaso de su llegada, sin que haya trascendido la probable reacción que su muerte ha causado en la Home Secretary. Por supuesto, ningún cargo del ministerio va a ser juzgado, ni siquiera por imprudencia temeraria con resultado de muerte. Así que, si yo fuera uno de los guineanos que esperan en Mauritania, no me haría demasiadas ilusiones. La Carta de la Unión Europea data del año 2000, antes del 11-S, cuando los derechos de las personas todavía parecían importarle a alguien. Desde entonces, los países europeo y sus aliados (EEUU, Israel, Egipto o Pakistán) han herido de muerte a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional. Han florecido las ejecuciones sin juicio (o con farsas judiciales) en Irak; los secuestros y vuelos de la CIA; las torturas de Abu Ghraib; el muro de la vergüenza, que hoy se reencarna en Ceuta, en el sur de Estados Unidos o en Cisjordania; el espionaje extrajudicial de las comunicaciones; la utilización de armas químicas y bombas de racimo en Fallujah, Gaza y el sur del Líbano; los presos sin nombre, sin rostro y sin cargos del nuevo gulag de Guantánamo ... tantos casos, tan notorios y con responsabilidades tan suavizadas que no se puede pensar que sólo se trata de desgraciados errores, de la inevitable consecuencia del factor humano.
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